Lo primero que ha querido dejar claro Manuel Hernández, Portavoz de Ciudadanos en la Diputación es que desde el minuto cero toda la gestión por parte de la Junta de Castilla y León sobre la mina de uranio de Retortillo es irregular. Para a continuación relatar la lista de irregularidades que rodean el proyecto.

GESTIÓN IRREGULAR EN CUANTO AL TRASPASO DE LAS RESERVAS DE URANIO DEL ESTADO A UNA EMPRESA PRIVADA.

 

La exploración de Uranio centra la mayoría de los esfuerzos en Salamanca y Cáceres. En concreto una de las primeras peticiones engloba el yacimiento Retortillo-Santidad, ya evaluado en su día por la Junta de Energía Nuclear, y que se encontraba fuera de las Reservas del Estado para Uranio existentes en la provincia de Salamanca por su escaso volumen de reservas. repito, descartada por su escaso volumen de reservas.

En 2008 Berkeley formaliza un acuerdo para el análisis de la viabilidad de los yacimientos de uranio, aportando Enusa todo su fondo bibliográfico. A cambio, la australiana se compromete a abonar a Enusa 2,5 M€ por adelantado.

Sin embargo, este contrato que se enmarca como su título indica en un “Acuerdo de Colaboración para el estudio conjunto y la evaluación de reservas de uranio” esconde en sus últimas cláusulas un verdadero contrato de compraventa de las mencionadas Reservas del Estado, la antigua Mina Fe y la planta de tratamiento de minerales de uranio, puesto que la última cláusula dice literalmente que “Enusa traspasará el 90% de la propiedad de las Reservas del Estado y demás instalaciones por un pago adicional de 2,5 M€.”

Todo ello a pesar de que legalmente el propietario de las Reservas del Estado es el propio Estado y su cesión debe hacerse mediante Concurso Público, según lo contemplado en el artículo 14.3 de la vigente Ley de Minas.

Una vez realizado el estudio de viabilidad  y entregado a Enusa en 2011, ésta concluye, asesorada por expertos internacionales, que el proyecto es inviable e insostenible.

Aún así y ya en el 2012, previas denuncias de Berkeley por incumplimiento de contrato, el Gobierno Español acuerda con la minera la cesión de las Reservas del Estado a cambio del pago de 20 M€.

 

GESTIÓN IRREGULAR EN CUANTO A LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Para empezar nadie ha tenido en cuenta que la mina a cielo abierto está en una zona que pertenece a Red Natura 2000. Y en una Zona de Especial Protección Aves o Zona ZEPA. Por no hablar de los muchos ¡análisis críticos! sobre el impacto ambiental obviados.

Y es que el Estudio de Impacto Ambiental y la Declaración de Impacto Ambiental presenta una gran cantidad de incongruencias o deficiencias, de las cuales he seleccionado algunas:

  • Por ejemplo, no contar con un escenario de comparación de base que sería el no realizar la mina
  • Otro, no se exige garantía financiera para el cumplimiento de lo previsto en la Declaración de Impacto Ambiental, se apunta a que la garantía será la misma que el aval de restauración, pese a ser conceptos diferentes.
    • Esto ha permitido que la empresa haya realizado una carretera de 4 km para acceso a la mina sin haber depositado ninguna fianza para la restitución del terreno (reforestación, eliminación del firme etc.) una vez terminada la explotación.
    • O que también haya realizado una excavación de unos 200×200 metros y talado unas 1.000 encinas sin haber depositado aún aval alguno
  • Más, las extracciones de agua previstas del Río Yeltes son muy elevadas superan el mantenimiento del caudal mínimo exigible
  • Ausencia de obligación de construcción anti-sísmica en las balsas correspondientes
  • Y para terminar, también se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental y el otorgamiento de la Concesión minera sin contar con el Informe de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre disponibilidad del agua, que se emite en marzo de 2016.

 

Y como fichas de Dominó, Gestión irregular en la Declaración de Impacto Ambiental, trae consigo…. exacto:

IRREGULARIDADES EN CUANTO AL ESTABLECIMIENTO DE LOS AVALES DE RESTAURACIÓN.

Primero la Declaración de Impacto Ambiental que emite la Junta de Castilla y Léon no fija ningún aval para la protección del medio ambiente.

Y con respecto al aval de restauración previsto por el Real Decreto 975/2009 de “Restauración del Espacio Natural afectado por la actividad minera”, sobre el que la Junta de Castilla y León fija una cantidad de 2.757.283 € para la mina, las balsas de estériles y la planta de tratamiento. Debiéndose abonar sólo cuando empiece la construcción de la planta de tratamiento.

Y rizando más el rizo, han tenido la valentía de establecer un sistema de avales por fases o diferido en el tiempo. Con una dilación tal que permite a la empresa operar sin aval alguno hasta que comience la producción de su planta de tratamiento. ¿Señores del Partido Popular, son conscientes de que todo esto constituye una irregularidad?, ¿Saben acaso que la Directiva Europea de la que emana el Real Decreto 975/2009 establece en su artículo 14 que:

  • Uno la garantía financiera deberá exigirse antes del comienzo de cualquier actividad de acumulación o depósito de residuos
  • Y dos, que el cálculo de la garantía financiera debe prever que se cumplan todas las obligaciones, incluidas las de cierre, sin perjuicio de poder ir disminuyéndose.

Visto lo visto, el importe del aval de restauración exigido por la Junta de Castilla y León parece inusualmente bajo. Pero más bajo es si tenemos en cuenta que, la propia Enusa anuncia en su página web que el coste acumulado de restauración de la Mina e instalaciones anexas asciende a unos 150 M€. Casi 54 veces más que lo solicitado por la Junta de Castilla y León a Berkeley.

Pero no para aquí, porque la Empresa Berkeley y sus compañeros de la Junta de Castilla y León quieren hacernos creer que Berkeley va obtener beneficios suficientes de un yacimiento que Enusa ya descarto por insostenible. Y lo mejor de todo es que lo van a hacer con tecnología menos moderna que la empleada por Enusa hace 20 años y aún así sus amigos lo ven viable.

En resumen la forma de aplicar el aval por parte del Partido Popular desde la Junta de Castilla y León es totalmente irregular. Ya que claramente la legislación española establece la obligatoriedad de presentar el total del aval antes de iniciar cualquier actividad.

 

RESUMIENDO

  • SE TRASPASAN RESERVAS DEL ESTADO A UNA EMPRESA PRIVADA SIN CONCURSO PÚBLICO.
  • IRREGULAR DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
  • FRACCIONAMIENTO ILÍCITO DE LOS AVALES
  • LA GESTIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ES DE BARRA LIBRE, SIN CONTROL NI PRECAUCIÓN, ANTE LA MAYOR MINA A CIELO ABIERTO DE EUROPA.