La primera teniente de alcalde de Salamanca, Ana Suárez (Cs) ha recibido en Valladolid a manos de la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén y la presidenta de UNICEF Castilla y León, Mª Eugenia García la renovación del reconocimiento «Ciudades amigas de la infancia» a la ciudad de Salamanca.
El Programa Ciudades Amigas de la Infancia pretende impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local, promocionar la participación de los niños, niñas y adolescentes en todos los temas que les afectan, y fomentar el trabajo en red entre los distintos municipios que forman parte de esta iniciativa.
Durante su intervención Ángeles Armisén ha señalado que “Los niños y los jóvenes son nuestro futuro, proporcionarles un entorno adecuado es fundamental para su desarrollo y como responsables públicos tenemos la obligación de hacerlo a través de las políticas que desarrollamos en nuestros pueblos y ciudades” además, Armisén “agradece el trabajo que se hace desde las corporaciones locales, siendo siempre la institución más cercana al ciudadano y comprometiéndose por dar voz a los niños, niñas y adolescentes de nuestra Comunidad”
El Programa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI) impulsado por UNICEF Comité Español, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA), pretende impulsar y promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito local, promocionar la participación de los niños, niñas y adolescentes en todos los temas que les afectan, y fomentar el trabajo en red entre los distintos municipios que forman parte de esta iniciativa.
El objetivo es que se diseñen e implementen políticas públicas eficaces para mejorar el bienestar de los niños, defendiendo sus derechos, fomentando su participación y haciendo de las ciudades entornos más habitables, especialmente para los más jóvenes.
Este reconocimiento se concede cada dos años tras un proceso de evaluación a los municipios e instituciones que se presentan a la convocatoria del Programa. De esta forma se analiza que las líneas de actuación de la política pública diseñada en relación a la infancia y la adolescencia se ajusten a los requisitos exigidos.